Bodas Falsas

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha abierto diligencias previas de investigación contra dos jueces de Paz y una secretaria judicial por un supuesto delito de cohecho, consistente en recibir dinero por oficiar bodas falsas con «una actuación cuasi teatral de la celebración de matrimonio», conforme se refleja en un auto dictado el pasado martes y difundido ayer por el TSJCV.

La Sala ha iniciado la investigación por el supuesto cobro por la celebración de bodas civiles. De acuerdo con los primeros indicios, las jueces no solicitaban dinero por la celebración de los enlaces en los juzgados, sino que habrían establecido el negocio con la organización de una suerte de ceremonia «extraoficial» en el mismo restaurante donde tenían lugar las bodas, de la que extraían el beneficio económico.

El TSJ expone en el auto que el pasado 31 de mayo recibió un escrito procedente de un juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la provincia de Valencia en el que se constataban los hechos denunciados, referentes a las actuaciones en el Juzgado de Paz con ocasión de las bodas civiles oficiadas en el mismo. No obstante, las fuentes no especificaron de qué localidad se trata.

Tanto en la denuncia como en las actuaciones practicadas por la propia Sala, y de lo que se desprende —siempre de modo provisional— de la actuación de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, «la juez de Paz y la secretaria del Juzgado percibían cantidades de dinero no tanto por la realización del matrimonio en sí y en el Juzgado, como por lo que se califica como paripé». La juez sustituta también está siendo investigada por el TSJ.

Diligencias previas

Tras estudiar los hechos denunciados, la Sala de lo Civil y Penal ha decidido incoar diligencias previas por un presunto delito de cohecho.

Según recuerda el auto, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 73.3 la competencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ para el enjuiciamiento de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del ministerio fiscal por delitos y faltas cometidos en el ejercicio del cargo en el territorio de la comunidad autónoma.

Además de declararse competente para conocer los hechos que se desprenden de las diligencias, la Sala ha acordado comunicar al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción la resolución de abrir una investigación, a los efectos de que remita a la Sala las diligencias completas.