Cada día del año, cinco matrimonios acuden en España a un tribunal eclesiástico pidiendo la nulidad de su vínculo. No es una anulación tan fácil como la facilitada por el llamado divorcio exprés civil, pero quien la persigue la consigue, después de largos y generalmente costosos trámites. Solo 122 de un total de 1.305 sentencias dictadas por jueces eclesiásticos en primera instancia en 2007 fueron contrarias a la nulidad. Son cifras casi simbólicas sobre los matrimonios que se registran en España cada año. En 2009 fueron 175.167, de los que el 64,3% no necesitó cura ni altar, es decir, fueron uniones civiles. Fue la primera vez que esa opción superó a las bodas por el rito católico (80.174). Hubo apenas otras 785 uniones de otras religiones. En 2009 se celebraron en España 175.167 enlaces, el 64,3% de ellos civiles. Los divorciados católicos son castigados con la excomunión.
La tendencia a la baja de los matrimonios católicos, más las peticiones de nulidad sobre los ya celebrados y el aluvión de divorcios también entre sus fieles, han alarmado al Vaticano. Los obispos, además, sufren la presión de fieles católicos que, pese a tener que divorciarse, les reclaman volver a casarse y seguir en comunión con sus parroquias. Un sínodo de prelados europeos debatió hace cuatro años sobre esa cuestión, cerrando de momento el acceso de divorciados al sacramento eucarístico.
"Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre", dice el libro sagrado del catolicismo. Es el principio de la indisolubilidad del matrimonio. Pero el divorcio se ha convertido en moneda común en las sociedades modernas, también entre católicos. Las consecuencias son que los divorciados son apartados de la comunión, una especie menor pero muy visible de excomunión. Tampoco pueden volver a casarse por la Iglesia, aunque sí por lo civil pese a no reconocer el Vaticano el derecho de un Estado a dispensar de los votos tomados en una iglesia romana.
La Conferencia Episcopal sostiene que el matrimonio civil en España "es un contrato mucho más leve" que el de un servicio telefónico. "El matrimonio es la unión de cualquier ciudadano por tres meses, y a los tres meses ese contrato puede ser disuelto por cualquiera de las partes, sin dar razón. Es decir, es un contrato mucho más leve que contratar un servicio telefónico", ha dicho el portavoz episcopal y obispo auxiliar de Madrid, el jesuita Juan Antonio Martínez Camino.
Para evitar que se extienda la misma impresión a los matrimonios bendecidos por un sacerdote, Benedicto XVI ha dado orden de endurecer los procesos de nulidad. Basta ya de anulaciones a cualquier precio, clamó el Papa ante los magistrados del tribunal de la Rota romana, reunidos en pleno con motivo de la inauguración del año judicial.
La primera medida afectará a los cursillos prematrimoniales, que ahora duran unos pocos días e, incluso, horas. Así lo acaba de anunciar en Madrid el presidente de la subcomisión de familia de la Conferencia Episcopal, el obispo Juan Antonio Reig Plà. Es el Pontificio Consejo para la Familia quien está elaborando el "vademécum para la preparación del matrimonio" con esas y otras determinaciones.
Benedicto XVI plantea incluso medidas sobre "el derecho a casarse" por la Iglesia. Dice: "El derecho a casarse, o ius connubii, se debe ver en esta perspectiva. No se trata de una pretensión subjetiva que los pastores deban satisfacer mediante un mero reconocimiento formal, independientemente del contenido efectivo de la unión. El derecho a contraer matrimonio presupone que se pueda y se quiera celebrarlo de verdad y, por tanto, en la verdad de su esencia tal como la enseña la Iglesia. Nadie puede reivindicar el derecho a una ceremonia nupcial".
Lo que la Iglesia romana sostiene sobre el matrimonio viene del concilio de Trento, en el siglo XVI, aunque algunos eclesiásticos parecen creer que la familia y el matrimonio no existían hasta la fundación del cristianismo. Benedicto XVI no pretende ahora cambiar la doctrina, sino liberarla "de contenidos que no provenían de la fe y que hay que superar hoy día".
El Papa reclama a los jueces del Tribunal de la Rota que se dejen de contemplaciones al dictar sentencias, ni siquiera las pastorales. "No es verdad que, para ser más pastoral, el derecho deba hacerse menos jurídico", les dice. La idea fuerza es que el matrimonio cristiano sigue siendo indisoluble y no se debe ceder "a peticiones sugestivas que hagan que la declaración de nulidad termine teniendo un coste".
Benedicto XVI hace la misma petición a los abogados que ejercen ante los tribunales eclesiásticos. En caso de duda, les dice, el matrimonio debe entenderse como válido hasta que no se consigan pruebas irrefutables. También advierte contra el ambiente social y, una vez más, contra el relativismo que se ha apoderado, según él, de las sociedades modernas.
Dice Benedicto XVI: "Os invito a la virtud de la fortaleza, que se hace más relevante cuando la injusticia parece el camino más fácil a seguir, en cuanto que implica la condescendencia a los deseos y las expectativas de las partes, o también a los condicionamientos del ambiente social. Sin verdad, la caridad deriva hacia el sentimentalismo y el amor se convierte en una cáscara vacía, que llenar arbitrariamente. Es el fatal riesgo del amor en una cultura sin verdad".
Sobre la polémica de si un divorciado sin sentencia de nulidad puede acceder al sacramento de la comunión, el Papa es tajante. "Sería un bien ficticio, y una grave falta de justicia y de amor, allanarles el camino hacia la recepción de los sacramentos, con el peligro de hacerles vivir en contraste con la verdad de su propia condición personal".
Fuente: El país. 14/02/2011
